MUY INTERESANTE ARTICULO DE EL PAIS.
LA REFORMA INEVITABLE | Trancada durante 9 años, hoy la gente probará con su ausencia a las urnas, si quiere cambiar
¿Nace el nuevo Uruguay?
Llamar a las cosas por su nombre: "vender o no vender", está más allá de lo partidario y de lo ideológico.
A propósito de la concesión del Hotel Carrasco, el Frente Amplio precisó su doctrina en la materia. Salvo los ultras, la coalición de izquierda coincide en un punto, que fue expresamente aclarado por el doctor Tabaré Vázquez:
--"Nosotros damos en concesión, pero no vendemos".
Corresponde aclarar ante esta frase, un aspecto técnico: el Frente no vende la nuda propiedad de las plazas, las calles y los hoteles, pero vende el uso o el usufructo de esos bienes; vale decir: enajena parte de su propiedad mediante un desmembramiento. Realizó y realiza pues, infinidad de privatizaciones parciales que no son encubiertas, sino transparentes; y que no son vergonzosas, sino adecuadas a las circunstancias.
EL QUID DEL ASUNTO. El año pasado, en los actos del 1o. de mayo (estando en trámite la Ley de Urgencia) se difundieron las consignas del Pit-Cnt; entre ellas su oposición a que se privaticen directa o indirectamente las empresas del Estado. Según esa tesis, asociar Antel con capitales privados implica una venta parcial.
Pienso que esta tesis es acertada.
Es cierto que la central obrera defiende a sus afiliados, aún cuando el interés de sus afiliados, sea contradictorio con el interés general; pero eso es otro problema. En cuanto al entendimiento de lo que se procura hacer, la plataforma del Pit-Cnt llama las cosas por su nombre: hay privatización parcial en la ley que se impugna.
Astori y Sanguinetti se manifestaron a favor de asociar los entes autónomos con empresas privadas que aporten capital y técnica de punta; pero aclaran que están en contra de vender las empresas del Estado. Batlle aclaró que su intención era asociar los entes con los particulares; y no, vender.
Seregni entiende (con mayor precisión) que un ente, al asociarse con capitales privados se está vendiendo (en parte); pese a lo cual, se manifiesta a favor de esa enajenación. Dice:
--"Acá no se trata de vender el rico patrimonio de lo orientales, sino en lo que tiene que ver con el 40% (del capital accionario) con lo cual se sigue manteniendo la mayoría" Y agrega: "Además en la pura esencia del pensamiento frentista siempre estuvo la idea de una economía mixta. Es lo que hacemos con la Intendencia y lo que se está buscando. Nosotros nunca hablamos de una sociedad estatista. Hablamos siempre de una sociedad mixta. La economía planificada por el Estado, no. Tampoco la economía abierta del mercado. Ninguno de los dos paradigmas ha resuelto la situación del mundo y del país".
EL PLEBISCITO. La votación que se realiza hoy (es muy importante dejarlo aclarado de antemano) va a medir la cantidad de gente que está en contra de vender parcialmente las empresas del Estado: si quienes van hoy a las urnas, son menos de un cuarto del total del padrón electoral, quedará en claro que la voluntad soberana acepta la venta parcial.
Es peligroso y es muy contraindicado decir que no se vende, cuando se está vendiendo. La gente tiene que saber y votar con pleno conocimiento, según lo que juzga más conveniente.
El proyecto de la coalición de gobierno (en lo que más importa) se propone crear nuevas sociedades donde el Estado tenga la mayoría en cada una de ellas. Esta iniciativa novedosa impone atender a cinco aspectos principales:
1) EL REGIMEN SOCIETARIO. En la reforma que se inicia se crearán sociedades anónimas y cada acción dará a su tenedor, derechos sobre el todo, según determinadas normas.
Los particulares van a ser minoría, pero dependerá del Estatuto, la manera de proteger y garantizar a esa minoría
En este punto es fácil percibir el grado de disminución en la propiedad plena.
El Directorio de un ente asociado, tendrá que respetar los derechos de la minoría. El Estado pues, habrá perdido el dominio absoluto que actualmente tiene. Pongo un ejemplo: Se asocia un ente y nace una sociedad de 60 y 40, pero el Estatuto prevé que para nombrar empleados, para controlar su asistencia y rendimiento o para aumentar los gastos de cualquier índole, se necesita la previa aprobación de la Asamblea de accionistas y una mayoría especial: el 61% del total de los votos. El Estado que no enajenó nada asociándose (según se dice) habrá perdido su libre facultad de nombrar funcionarios o de perdonar las inasistencias o de mantener en funciones a los excedentarios. Se acabó el amiguismo.
Por supuesto esta mayoría especial puede requerirse para aprobar la publicidad, las grandes contrataciones, etc., etc. Nadie pone dinero grande sin estar a cubierto de los abusos "politiqueros" de la mayoría. El Estado no enajena ninguna propiedad, pero transfiere facultades que llevan a una mayor eficiencia.
También se enajena (y no es poca cosa en una organización creada para obtener lucro) un porcentaje de las utilidades.
Decir que el Estado no enajena nada, ni en parte ni en todo, es pues, inexacto y llama a confusión. Y por eso corresponde aclararlo "antes" de la votación.
2) LA NUEVA REGULACION. Asociar el Estado con los particulares en la tenencia de acciones, es un procedimiento nuevo con respecto a los desmembramientos del dominio que con tanto éxito practica el gobierno departamental de Montevideo y el propio Estado en sentido estricto, toda vez que da una obra en concesión.
La nueva figura, implica pasar el ente autónomo, del derecho público (administración nacional) al derecho privado (economía mixta). Por ejemplo: la nueva empresa podrá comprar sin los controles que se le imponen a una repartición pública (licitación) porque la minoría ejercerá ese control, procurando por todos los medios, la mejor oferta, como hace cualquier empresario cuando se juega "su" plata.
3) EL PRIVILEGIO. Al constituir una sociedad mixta, va sans dire que todo monopolio de hecho o de derecho, debe ser abolido precisa y necesariamente: sería el colmo de la aberración reformar el Estado para darle a una multinacional parte de un monopolio. Fue lo que hizo Argentina en materia de comunicaciones y así le fue: quedaron peor que antes; ahora tuvieron que borrar con el codo lo escrito por la mano y liberar las telecomunicaciones, como hizo el resto del mundo. Consecuencia: desde hace poco, el teléfono es en la Argentina mucho más barato que en el Uruguay.
4) EL ALCANCE. ¿Qué viene a modificar el plebiscito de hoy?
Si esta consulta popular no reúne el 25% de los inscritos en un padrón que suma 2.394.219 ciudadanos; si el escrutinio no llega a 598.555 votos válidos, se sabrá que las leyes para asociar los entes con capitales particulares cuentan con la anuencia de una inmensa mayoría (más del 75%). Es el caso de la terminal de contenedores en el Puerto.
También se sabrá que hay amplia opinión favorable para las leyes que le permitan a los entes autónomos, arrendar sus instalaciones, puesto que lo habrá admitido una mayoría superior al 75% de la ciudadanía. Es el caso de las vías de AFE.
5) LA SOLIDARIDAD. En la concepción uruguaya de un ente autónomo, lo que más importa es la acción social de estos institutos públicos: el Estado se hace comerciante y se hace industrial, para atender mejor sus funciones de justicia social. Suecia vendió su telefónica para recabar dinero y brindar "Internet para todos", hasta las inmediaciones del polo norte.
Pero en el Uruguay, la función social de los entes autónomos, ha sido groseramente desvirtuada. Los entes gravan a la sociedad en beneficio de Rentas Generales y de paso, cubren su ineficiencia. No importa que las funciones se cumplan bien o mal, importa que los entes recauden lo necesario; nada importa lo que tenga que pagar cada familia; a cada ente se les fija una cuota de utilidades que debe rendir. Y punto. Es el procedimiento más cómodo para el gobierno y el menos cómodo para los clientes, obligados a pagar precios salvajes.
La fórmula que adoptó el mundo va por otro lado: las empresas públicas se hacen privadas para que sean más eficientes y moderadamente lucrativas; se controla con rigor la libre competencia, para que el precio resulte el más bajo y la calidad, mejor; todo en favor de los consumidores.
No se trata pues, de reducir al Estado; se considera que la función de hacer cumplir la normas de la leal competencia (la debida salud del libre mercado) es de primordial importancia. Pero el sistema uruguayo actúa exactamente al revés: prohíja los monopolios y desampara a los consumidores.
En cuando a la obra social, el Estado moderno (a diferencia del uruguayo) le encarga a la empresa que trabaje a menor precio y con mayor calidad, las obras o los servicios que su política social requiere; y de ese modo alcanza el mismo fin, pero gastando mucho menos. Es lo que hace la Intendencia de Montevideo, cuando contrata a un particular para que recoja la basura.
EEUU y Europa siguen esta línea y nadie dice que se hayan equivocado; ya nadie sostiene que lo mejor sería nacionalizar la industria o el comercio. Todos piensan en el final horroroso de la Unión Soviética, devorada por sus propios burócratas. Es para tenerlo presente, porque el Uruguay es el país más atrasado de América del sur en cuanto a la reforma de su estructura: tiene la mitad de la economía a la rusa, en manos del Estado; y ese error lo pagan a fin de mes cada uno de los hogares uruguayos.
Esas son razones que llevan a pensar que corresponde abstenerse de votar el plebiscito para dejar sin efecto una ley, que empieza a reformar el Estado.
Es una reforma muy tímida (insuficiente) pero es el principio de la reforma inevitable que más importa: la reforma en la manera de pensar.
Nadie puede explicar por qué el Uruguay debe ser diferente al resto del mundo civilizado: únicamente aquí importa más de quién son las empresas, que el precio que están cobrando.
Copyright © EL PAIS 1996-2001
Zelmar Michelini 1287, cp. 11100 , Montevideo Uruguay
Tel: 902 0115 - Fax: 902 0464
cartas@elpais.com.uy e-publicidad@elpais.com.uy |
