HUELGAS, PAROS Y DESCUENTOS A LOS FUNCIONARIOS.
ADVERTENCIA | De ahora en más las medidas gremiales se responderán con 50% de descuento en los salarios
Suprema Corte suspendió descuentos a funcionarios
La corporación definió al "trabajo a reglamento" como una modalidad "atípica" del derecho de huelga.
DECISION. La última palabra la tienen los funcionarios, que decidirán el martes si continúan o no con la huelga
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió dejar de aplicar descuentos a los funcionarios judiciales que desde setiembre vienen practicando el denominado trabajo a reglamento, pero advirtió que los trabajadores que a partir del 7 de febrero se adhieran a ese tipo de medidas recibirán descuentos del 50% en sus salarios.
En un comunicado emitido ayer por la corporación, los ministros señalaron que aceptan "no aplicar descuentos" en virtud de la ausencia de antecedentes de casos similares. También aceptaron de que se trató de una reducción sorpresiva de "magras retribuciones" y que la medida "podría interpretarse como una sanción".
Con respecto al trabajo a reglamento, éste fue definido por la corporación como una "modalidad atípica del derecho de huelga consagrado en el artículo 57 de la Constitución". Añadió que esa conclusión está avalada por respaldo doctrinario y pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Agregaron que esa modalidad de trabajo desconoce una acordada (4.938 del 5 de setiembre de 1973) en la que se determinó que los secretarios, actuarios y jerarcas de las oficinas judiciales quedaron facultados a solicitar a los funcionarios administrativos de sus respectivas oficinas, "en forma verbal" que cumplan con funciones no profesionales.
Pero también habilitó a los jerarcas a pedirles que se encarguen de "material de la escrituración", es decir de todas las tareas que le son atribuidas en virtud de su título profesional habilitante, siempre y cuando sean "firmadas o autorizadas por dichos jerarcas".
De acuerdo con ello, la corporación dejó definido que el trabajo a reglamento es una forma de huelga y advirtió a los funcionarios que a partir del 7 de febrero los funcionarios que practiquen ese tipo de medidas, o cualquier otra que signifique una reducción del rendimiento de trabajo, recibirán una reducción del 50% del salario.
En el comunicado la corporación señaló también que las medidas gremiales trajeron aparejado una reducción del trabajo judicial de tal entidad, que decidieron continuar con la suspensión de plazos procesales.
La SCJ intimó a los jerarcas, por otra parte, a que informen antes del 20 de febrero a la Dirección General los nombres de los funcionarios que a partir del 7 de febrero adopten medidas gremiales.
"La falta de comunicación se interpretará como adhesión a la totalidad de las medidas gremiales, salvo posterior justificación, y si corresponde la devolución de haberes", concluyó el comunicado
RECURSO. Dagoberto Pereira, secretario de la asociación de funcionarios judiciales, dijo a El País que "unos 800 compañeros no cobraron un solo peso con el sueldo del mes de diciembre" y señaló que están decididos a presentar un recurso apelando la decisión judicial.
El funcionario afirmó que "no es posible que nos descuenten en diciembre por la huelga realizada en agosto, así que entre todos los compañeros decidimos presentar un recurso a la SCJ y si lo apelan terminará en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo".
Pereira explicó que los descuentos por los días de paro, sumado al 6% del timbre por la entrada de expedientes al Poder Judicial y los $ 500 del presupuesto que todavía no entró en vigencia, dejó a un alto porcentaje de funcionarios "sin dinero para vivir".
Asimismo afirmó que las relaciones con la corporación están "interrumpidas" porque la gremial le pidió una entrevista a Cairoli para hoy, pero él respondió que los recibirá el miércoles 7 luego de la asamblea del gremio.
En un acuerdo extraordinario realizado el 28 de diciembre los ministros decidieron computar el retiro de los trabajadores para concurrir a asambleas o para efectuar paros parciales, y descontarles un 25% de cada jornada a los funcionarios que trabajan ocho horas, y de un 33% a los funcionarios en régimen de seis horas, "teniendo en cuenta que la retribución debe tener como contrapartida la prestación efectiva de los servicios".
Asimismo decidió descontar "hasta seis días del sueldo con el presupuesto del mes de enero y los restantes, si los hubiera, se descontarán en meses subsiguientes", decía el comunicado emitido por la corporación.
NOACHAS. Fuentes de la Suprema Corte de Justicia informaron que la situación del ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Salomón Noachas "ni se nombró. Estuvimos abocados al estudio del trabajo a reglamento".
Al asumir el jueves como presidente de la Suprema Corte, Milton Cairoli señaló que "la iniciativa corresponde al magistrado penal de turno". Dijo que conocía el tema únicamente por la prensa, pero advirtió que en caso de delito "el magistrado tiene que intervenir por el artículo 177 del Código Penal".
El presidente de la SCJ agregó que habría que analizar si se trata de "una situación de carácter penal y cuáles son los hechos que pueden llevar el tema para formar un expediente penal. La alarma pública en materia política no tiene nada que ver con la alarma pública en materia penal o judicial", dijo.
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