DEMOLERAN VIVIENDAS CONTRUIDAS EN LA PLAYA.
PORQUE NO DEMUELEN LAS BASURAS DE LOS ASENTAMIENTOS TAMBIEN?
OPERATIVO ROCHA | El Ministerio de Medio Ambiente tiraría abajo más de 100 casas en toda la zona costera a partir del mes de marzo
Gobierno demolerá en Polonio
La Justicia podría ordenar a los dueños de fincas ilegales pagar costos de los operativos frustrados en diciembre.
MANO DURA. El ministro de Medio Ambiente Carlos Cat dice que está todo pronto para las demoliciones
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat, dijo que su cartera aguarda la notificación oficial de la Justicia para comenzar a demoler en el Cabo Polonio. Antes de la feria del mes de enero, la Justicia había resuelto autorizar al gobierno la demolición de 24 viviendas sobre la costa, cuya ubicación es considerada nociva para el medio ambiente.
A fines del año 2000, el Ministerio tenía la autorización para realizar la operativa, pero a último momento se presentaron dos recursos de amparo, uno por parte de la Sociedad de Amigos del Cabo Polonio y otra de los propietarios de las viviendas afectadas.
En función de ello, el gobierno vio frustrada su operación, que involucraba la contratación de unas 300 personas y maquinaria especial para derribar las viviendas.
"Era una operación de ingenieros, no una operación militar como me dijo a mí un senador. Habíamos conseguido hasta el lugar para tratar los desechos y escombros de la demolición", dijo Cat.
El ministro explicó que en el caso de Cabo Polonio hubo problema de competencias: "Había una complicación inicial. De los primeros 250 metros respecto al mar, Prefectura tiene competencia en los primeros 150 metros y en los restantes 100 metros es jurisdicción policial", comentó.
La otra complicación es el desalojo de los ocupantes de las viviendas. "Muchos de ellos se quedaban adentro. No necesariamente los propietarios. Supimos de gente que estaba pagada por los dueños para quedarse allí", dijo Cat.
La Justicia Penal decidió aplazar la decisión del magistrado en lo Civil sobre el recurso de amparo, cuya presentación ocurrió pocas horas antes de las demoliciones. La Justicia Civil desechó el recurso de la Sociedad de Amigos del Cabo Polonio con costes y costos a cargo del impugnante.
Cat adelantó que el Ministerio de Medio Ambiente ira más lejos: pedirá a la Justicia que la Sociedad de Amigos de Cabo Polonio pague el costo del fallido operativo de demolición. Aunque dice no conocer el presupuesto, Cat estimó que se trata de "varios miles de dólares".
Esa demanda involucrará también al grupo de propietarios de viviendas a demoler, quienes también presentaron un recurso de amparo. "La jueza ya desestimó ese planteo. Pero creo que querían apelar. No sé si lo harán, porque en el caso de que no sea aceptado en segunda instancia, se incluyen costos y costes también", afirmó el ministro Cat.
OTRAS PLAYAS. La Secretaría de Estado espera de un momento a otro la notificación de la Justicia, en cuyo caso en pocos días más se estaría en condiciones de proceder a la demolición. "Creemos necesario dejar pasar el mes de febrero en función de la gran cantidad de gente que hay en Polonio por estos días. Pero a principios de marzo, vamos a hacerlo", adelantó el ministro.
El gobierno no piensa quedarse solamente con Cabo Polonio. El "compromiso" del ministro Cat es proceder de la misma forma en Punta del Diablo pocas semanas después de ese operativo. "Estamos hablando de una docena de fincas", agregó.
En total, el ministerio prevé demoler más de un centenar de casas contruidas ilegalmente en zonas costeras en el correr del año 2001. "La mayoría serán en la costa de Rocha, pero estamos pensando alcanzar con nuestro plan el departamento de Maldonado", dijo el ministro.
Un hotel 5 estrellas en Santa Teresa
* El ministro Cat precisó que el gobierno recogería un planteo del Partido Nacional a efectos de autorizar la construcción de un hotel cinco estrellas en la zona del Parque Santa Teresa. "Sería en la zona del propio parque, por supuesto que en un área que no afecte al medio ambiente. Existe algún proyecto y se estudiará como corresponde", sostuvo el secretario de Estado.
Cat no descartó otros proyectos hoteleros, inclusive en la zona de Cabo Polonio, siempre y cuando estos no impliquen impacto ambiental sobre las dunas. Reconoció que el gobierno deberá revisar su posición respecto a las expropiaciones de predios sobre la costa en la zona de Polonio, debido a que el Estado no tiene dinero para afrontar el pago a los propietarios.
"El presidente Sanguinetti, en uno de sus últimos decretos, decidió dejar sin efecto la expropiación, en función del perjuicio que se le estaba causando a los propietarios de las tierras, que no podían hacer nada con ellas", dijo Cat.
Una delegación de propietarios se presentaron con sus abogados en el ministerio para resolver la situación. Cat apuntó que, por el momento, el gobierno no tiene respuestas para esas personas, razón por la cual se está estudiando un marco jurídico para áreas costeras.
"De lo contrario, la única salida que les quedaría es hacerle una demanda al Estado. Todo el mundo sabe que hacerle no es agradable, pero además no se sabe cuándo se podra cobrar", dijo el ministro.
Fondo de alquiler ya está pronto
El gobierno dispondrá de un total de 2.7 millones de dólares para crear un fondo de garantía para el alquiler de viviendas, aseguró a El País el ministro Carlos Cat.
El plan del gobierno es que el fondo de garantía esté operativo en el primer semestre de 2001 y si bien estará orientado a toda la población, el mismo en principio convocará a los menores de 30 años por ser el "sector más comprometido".
Cat sostuvo que el fondo de garantía fue recibido "con beneplácito" por el sector inmobiliario que de esta manera podría incrementar su mercado de alquileres de manera sustancial.
El Estado obraría como garantía en caso que el arrendatario no pagara, pero además debería hacerse cargo de desalojar a los morosos ya que el fondo debería cubrir el período total de permanencia. "Se está ajustando ese detalle para que judicialmente el período de lanzamiento sea el menor posible", explicó Cat.
Los técnicos del ministerio estudian cuánto deberán pagar al ministerio los ciudadanos que se acojan a la garantía estatal, pero el porcentaje de sueldo estará por debajo del 5 por ciento. Para acceder al beneficio, el Estado sólo le pedirá a los trabajadores un recibo salarial.
El objetivo oficial con esta iniciativa es abarcar a una gran parte de la población que por falta de garantía de propiedad no pueden ser arrendatarios y terminan en asentamientos irregulares.
"En el plan oficial de asentamientos esta será una de las líneas de acción", dijo el ingeniero Cat. "El aumento progresivo de personas residiendo en viviendas ilegales se debió a un problema de diagnóstico. Si hubiéramos tenido esa previsión hace diez años, no estaría pasando esto".
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