SOBRE EL TEMA DE LOS DESAPARECIDOS.
DESAPARECIDOS | El magistrado impulsa la acción judicial en el tema; beneplácito en grupos de derechos humanos
Cairoli abrió una puerta de adhesiones y críticas
Ramela dijo que las declaraciones del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia "no son las más convenientes cuando se tiene una tan alta investidura".
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El impulso que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Milton Cairoli dio a la acción judicial en la cuestión de los desaparecidos provocó beneplácito en los organismos de derechos humanos, que coinciden con sus conceptos. Empero, el asesor presidencial e integrante de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, consideró que las declaraciones del magistrado "no son las más convenientes cuando se tiene una tan alta investidura" y advirtió que el organismo oficial "gira en la órbita de la Presidencia de la República" y que "está sujeta a lo que decida el presidente".
Tras asumir su cargo al frente de la SCJ, Cairoli sostuvo que "ojalá se investigue" la cuestión de los desaparecidos. "Aunque (los juzgados) tendrían más trabajo del que tienen es importante que en el tema desaparecidos pueda haber respuestas y se sepa qué ocurrió", señaló en una entrevista publicada por El País el viernes 2 de febrero.
Cairoli insistió en el tema en otra entrevista publicada ayer por el diario El Observador, en la cual sostuvo que "si la Comisión para la Paz averigua algo sería bueno que lo pasara a la Justicia".
El presidente de la SCJ subrayó que mientras los cuerpos de los desaparecidos no sean hallados, el delito de "privación de libertad" se mantiene vigente.
A título "personal", aseguró que "desde el momento en que se retiene a una persona hasta que se la restituye se sigue cometiendo el delito".
La definición pública del máximo jerarca del Poder Judicial sobre la cuestión de los desaparecidos es tema de conversación en organismos de derechos humanos en la actualidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt se reunirá para "conversar" sobre la "realmente importante" postura de Cairoli en torno al tema. El Servicio Paz y Justicia recibió sus dichos con beneplácito. Y la organización de familiares de desaparecidos --aunque está de acuerdo con los conceptos del nuevo presidente de la SCJ-- no tomó postura al respecto.
Por su parte, Ramela no ocultó sus diferencias con Cairoli. "Respeto las distintas opiniones que tienen las personas. Y no creo que lo que nosotros sostenemos y estamos haciendo sea la única verdad posible. Como buen liberal que soy, acepto las discrepancias y diferencias que puedan surgir sobre este punto. Ahora --desde el punto de vista personal-- es obvio que determinadas posturas de alguna forma no son las más convenientes cuando se tiene una tan alta investidura", dijo.
El asesor presidencial y miembro de la Comisión para la Paz advirtió que el organismo "gira en la órbita de la Presidencia de la República" y que "elevará al presidente un informe con las conclusiones de su trabajo". Ese documento contendrá un capítulo en el cual se efectuarán "sugerencias a los efectos de solucionar los problemas legales y patrimoniales de los familiares".
También indicó que "de las declaraciones surge que el propio presidente de la Corte dice que debe efectuar una nueva lectura de la ley de caducidad para considerar su alcance". Consultado acerca de si los civiles no están amparados por la ley de caducidad, Cairoli aclaró: "No tengo la ley a mano. No me gustaría responder sin revisarla otra vez".
En una entrevista publicada por El País el 14 de diciembre de 2000, Ramela manifestó que "como respetuoso del Estado de derecho, hay una realidad incuestionable. Acá hubo una ley pero también un plebiscito. Es una realidad y la acepto como tal. Este proceso (la Comisión para la Paz) permite solucionar parte del tema y llegar seguramente a una instancia de superación y de armonía entre todas las partes. Quizás no absolutamente pero sí en gran parte".
PIT-CNT. El dirigente sindical Luis Puig, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt, dijo ayer a El País que la central obrera "va a analizar el tema". "Nos vamos a tener que reunir y conversar sobre esto porque nos parece realmente importante la postura de Cairoli".
Consideró que el concepto de la no prescripción del delito permanente "es lo que se viene imponiendo en el mundo en materia jurídica". Como ejemplo, recordó que "se siguen juzgando los crímenes de la Segunda Guerra Mundial" y citó las actuaciones del juez español Baltazar Garzón y del chileno Juan Guzmán, para argumentar la vigencia de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Uruguay.
En otro orden, la Comisión de Derechos Humanos informó ayer al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt sobre la reunión que mantuvo días atrás con la Comisión para la Paz. Puig adelantó que en los próximos días los dirigentes mantendrán una nueva reunión con el organismo oficial a efectos de aportar sus informes sobre la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
SERPAJ. Mientras, el Servicio Paz y Justicia expresó su acuerdo con las declaraciones de Cairoli. El coordinador del organismo, Raúl Martínez, sostuvo en diálogo con El País que "la desaparición forzada es un delito que se está realizando en forma permanente y no caduca" y, en consonancia con lo afirmado por Puig, dijo que "es un concepto que se maneja a nivel internacional".
"Es realmente importante que el presidente de la Suprema Corte tenga ese punto de vista", enfatizó Martínez, quien recordó que "en Argentina hay jueces que se están manejando actualmente con ese concepto".
"Estudiaremos el tema para ver qué es lo más adecuado para la coyuntura del país. Siempre tendemos a medir el estado de la opinión pública, de los diferentes sectores, de ir avanzando en la resolución del tema, con los consensos más amplios posibles", concluyó Martínez.
FAMILIARES. En tanto, la organización de familiares analizó en varias oportunidades conceptos que coinciden con las apreciaciones de Cairoli, pero hasta el momento no adoptó una postura al respecto, dijo a El País el abogado Javier Miranda, integrante del grupo.
No obstante, Miranda subrayó que está "totalmente de acuerdo desde el punto de vista jurídico" con las declaraciones del presidente de la SCJ, y advirtió que "evidentemente que el presidente de la Suprema Corte lo diga, cambia la ecuación".
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