HABLA ALEJANDRO FALCO.
Vicepresidente de la Comision de Legislacion del Trabajo
"Terminar con la inamovilidad"
Alejandro Falco.Por razones económicas y de justicia, el diputado de la lista 15 dijo que se debe terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos, y que hay que flexibilizar las leyes laborales para captar inversiones.
REFLEXION. "El costo de la crisis lo pagan los empleados privados"
El diputado Alejandro Falco mantuvo perfil bajo en su primer año de actuación parlamentaria, pero cuando se decidió a hablar dijo cosas que muy pocos de sus pares se atreverían a decir públicamente a la hora de medir costos políticos. En diálogo con El País, el legislador de la lista 15 sostuvo, entre otras cosas, que hay que terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos; que algunos sindicatos con su actitud han conducido al cierre de empresas, y que se deberá ir inexorablemente hacia la flexibilización de las leyes en materia laboral, porque de lo contrario nadie vendrá a invertir al Uruguay.
Nacido el 10 de agosto de 1960, Falco estrenó su título de doctor en Derecho Civil en 1985 cuando el país comenzaba a transitar la primavera del retorno a la democracia. No pensaba entonces que algún día estaría sentado ocupando una banca en el Parlamento Nacional, y seguramente menos aún, que como representante del partido de gobierno le tocaría integrar una comisión de cinco miembros, donde su presidenta y la mayoría responden a sectores de la oposición.
--¿Por qué piensa que se debe terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos, que es una de las "vacas sagradas" en nuestro país, y en momentos que la mayor preocupación de muchos uruguayos que tenemos empleo pasa por mantenerlo?
--Uruguay tiene unos 230.000 funcionarios públicos, que en un universo laboral de aproximadamente unos 1.080.000 trabajadores, representan el 30 por ciento. No hay ningún sistema que funcione en el cual el 30 por ciento es estatal, y en un presupuesto de algo más de 4.000 millones de dólares, lo recargan en casi 2.000 millones de dólares. Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de los derechos, ¿por qué el funcionario público tiene asegurado su trabajo de por vida, mientras que el trabajador privado no? Es decir, pareciera que el costo de la crisis lo pagan los empleados privados. Hoy tenemos dos sociedades, la de los que tienen asegurado el trabajo (con salarios en algunos casos bajos, pero muchos también altos, como se ha demostrado), y otro sector de la sociedad que está pendiente de que no lo echen, de que no cierre su fuente de trabajo. Y es esa sociedad de funcionarios públicos la que más habla de solidaridad, y solidaridad en todo caso sería decir: igualemos las reglas de juego.
Admito que se podría estudiar la posibilidad de que en el Estado también haya indemnización por despido. Sin perjuicio que el origen de la inmovilidad de los funcionarios públicos fue otra, que era la de protegerlos contra las decisiones políticas del gobierno que estuviera de turno. Creo que hoy todas esas condiciones han cambiado.
De hecho existen los famosos contratos sin plazo, de hecho no se presupuesta más, y hay normas vigentes desde el año 1992 que prohiben el ingreso de funcionarios públicos. Igual se le ingresan por contratos. Creo que hay que sincerar el tema y tener para todos un mismo sistema laboral, en el cual se elimine la inamovilidad de los funcionarios públicos.
--Muchas veces se pone como ejemplo que en sociedades desarrolladas, como es el caso de Alemania, existe la inamovilidad de los funcionarios públicos.
--Más allá de otras características, en Alemania, esa inamovilidad tiene como contrapartida el hecho de que esos funcionarios públicos, porque allí los servicios públicos son esenciales por definición, no tienen derecho a huelga.
Yo creo que el Uruguay no está en condiciones de plantear el no derecho a la huelga y que lo más razonable es hacer desaparecer la inamovilidad.
--Además de terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos, por las razones que explicó, ¿que otros cambios entiende que deben hacerse en el Uruguay en materia laboral?
--Hoy el país tiene que ir indefectiblemente hacia una flexibilización laboral. No comparto el hecho de civilizar el derecho laboral, porque el extremo de que los dos grandes componentes del derecho civil, en el cual las partes son iguales, no se da en el derecho laboral. Pero hay normas del derecho civil que deberían integrase al derecho laboral, en el cual es cierto que hay una indefensión mayor del empleado frente al empleador y de ahí la base de los sindicatos. Creo que está todo atado.
--¿Cuáles serían esas cosas que a su entender se podrían flexibilizar?
--Se podría empezar por flexibilizar las leyes en materia de horarios de trabajo, según las tareas específicas. Por ejemplo, en una actividad como la pesca, no se puede pretender que se tenga el mismo sistema laboral que el que tiene el operario de una fábrica. También en materia de horas extras y traslados o cambios de lugares dentro del ámbito de trabajo.
Creo que peor que flexibilizar es perder los trabajos. Otros países toman medidas que en Uruguay tarde o temprano las van a tener que tomar.
Mientras tengamos un costo en materia laboral tan alto y esta falta de certeza jurídica, no vendrá nadie a invertir en el Uruguay. Todos sabemos que un juicio iniciado por trabajadores tiene éxito en los juzgados. Entonces el empresario, tenga razón o no tenga razón va a perder el juicio.
En mi experiencia como abogado, sabía que cuando defendía una empresa, el asunto era ir a arreglar al juzgado. Con el juez presente, el tema era: el demandante pide cien, cuánto le ofrece. Sin entrar a estudiar si había notoria mala conducta o si existía un abandono del trabajo, con dos testigos ya ganaban el juicio.
--¿ Y usted considera que esta falta de seguridad jurídica en materia laboral aleja los inversores?
--Sin duda que eso es así. Nadie viene a este país, con las normas laborales uruguayas a invertir, en un sistema en el cual alguien contrata a una persona y al mes ya tiene un juicio laboral en el cual pierde una parte importante de dinero. Nadie lo hace. Entonces las pequeñas y medianas empresas, que son los motores de todos los países desarrollados, terminan contratando a familiares, hijos, hermanos y el empleo abierto no avanza y sigue el desempleo.
En ese aspecto, los sindicatos están cuarenta años atrasados. Aquellos sindicatos que lo han entendido, hoy, a pesar de la crisis, han mejorado su situación. Ejemplo típico la empresa de transformadores Mack S.A., otro que intentó pero no pudo, fue el sindicato de Cristalería del Uruguay. El propio sindicato estaba convencido de que iba a poder tomar medidas laborales y empresariales para poder formar una cooperativa y por otros motivos no salió adelante. Aquellas empresas o sectores de empresas cuya posición es rígida, en la práctica lo que están haciendo es hacer quebrar a la empresa. En definitiva sus defendidos de ganar poco, pasan a no ganar nada. Esa es la realidad que se ve en un alto porcentaje de los sindicatos uruguayos.
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