SOBRE LA PENA DE MUERTE EN URUGUAY.
La pena de muerte
Un alto porcentaje de uruguayos es favorable a la reimplantación de la pena de muerte en el país; y ese porcentaje, que rondaba el 40% de la población cuando el año pasado se hizo una encuesta sobre el tema, es más amplio entre los habitantes del interior que entre los montevideanos. El hecho, realmente alarmante para muchos (aunque debe aclararse que la consulta popular se hizo sobre una población extremadamente sensibilizada a raíz de un terrible crimen y violación de una niña que tuvo lugar en esos días) no puede por fortuna provocar un cambio en las leyes e incluso en la tradición nacional, dado que Uruguay es firmante del Pacto de San José, que establece que los Estados que no tenían incluida la pena máxima en su legislación en el momento de la ratificación del Pacto quedan automáticamente impedidos de hacerlo a posteriori. Pero ubicó el tema nuevamente en el centro de la discusión nacional, despertó vivas polémicas sobre la filosofía que lo inspira y hasta sobre los resultados que arroja a la sociedad que lo practica.
Uruguay fue el quinto país de América Latina en abolir la pena de muerte: lo hizo en 1905, año en que también tuvo lugar la última ejecución de un reo. Antes que nuestro país lo habían hecho Venezuela (1863), Costa Rica (1879), Panamá (1903, el mismo año de la creación del país). Los últimos en hacerlo fueron Argentina (1984) y Paraguay (1992). Hay otros tres países americanos donde este castigo permanece vigente en toda su extensión (otros seis sólo lo pueden aplicar en casos de guerra): Chile, Cuba y Guatemala.
Las autoridades uruguayas deben manejar con prudencia los números que arrojó la encuentra mencionada, vigilar su evolución a cargo de técnicos especializados y estar atentas a un posible incremento de ese sentimiento favorable a la pena de muerte. En este caso pueden manejar otros números, que son los que surgen de una compulsa a nivel de todos los estados unidos efectuada recientemente por el FBI. Los doce estados que no aplican este terrible castigo a sus delincuentes son aquellos en donde se producen menos homicidios. Y en diez de esos doce estados, el índice de criminalidad está por debajo del promedio nacional. En consecuencia, la pena de muerte no sirve como disuasivo y obra en sentido contrario al buscado por sus partidarios: aumenta el delito.
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