REFORMA DE LA DGI.
PROYECTO | El gobierno prevé enviar la iniciativa sobre el organismo como parte de la tercera ley de urgencia
Reforma de la DGI apunta hacia los grandes evasores
En el Parlamento, existe consenso en todos los sectores y partidos políticos sobre la conveniencia de cambios que faciliten el combate a ilícitos impositivos.
CONTROLES. El gobierno aspira a fortalecer a la DGI y de esa forma aumentar la recaudación fiscal; nuevo director y reforma a estudio
El proyecto de ley de reforma de la Dirección General Impositiva (DGI) que el gobierno enviará al Parlamento --seguramente como parte de la tercera ley de urgencia-- tendrá como objetivo dotar al organismo de instrumentos para combatir la evasión fiscal "más gruesa", que "es la que más importa en materia de justicia tributaria", adelantó a El País el senador Alejandro Atchugarry.
Al tiempo que el Ministerio de Economía elabora el proyecto de reforma de la DGI, Atchugarry señaló que esa iniciativa apuntará a la especialización del personal de ese organismo de contralor, lo cual implicará mejores remuneraciones, independencia respecto al desempeño en la órbita privada y una dedicación horaria total.
Asimismo, en base a consultas efectuadas con expertos en Uruguay y en el exterior, los técnicos del Ministerio definirán mecanismos "modernos" de "cruzamiento" de la información de la DGI con los datos a disposición del Banco de Previsión Social (BPS).
Mientras, en el Parlamento existe buena predisposición para recibir la iniciativa del gobierno a efectos de reformar a la DGI y de esa forma impulsar el combate a la evasión de impuestos.
Legisladores de todos los partidos y sectores políticos consultados por El País coincidieron en expresar su acuerdo con la medida, aunque algunos se mostraron escépticos en cuanto a su efectividad.
El senador del Frente Amplio Danilo Astori señaló que está "totalmente de acuerdo" con los lineamientos que, a grandes rasgos, definió el ministro de Economía Alberto Bensión cuando anunció que el gobierno prepara el proyecto. "Era necesaria una reestructura de la DGI y por esa vía intensificar el combate al contrabando y ejercer un mayor control de la evasión fiscal", manifestó el legislador. No obstante, advirtió que aguardará que el proyecto sea elaborado para efectuar un pronunciamiento específico.
También el diputado de esta colectividad, Daniel Díaz Maynard, dijo que le parece bien que se incrementen los controles sobre la evasión fiscal y adelantó que "seguramente" su sector apoyará el proyecto, aunque enfatizó que "la prioridad no es la DGI; la prioridad es la aduana, y ahí es donde el gobierno debería encarar con determinación".
En tanto la también frentista Silvana Charlone le parece bien que se mejore la remuneración de los funcionarios del organismo de contralor ya que "están muy expuestos", así como la incompatibilidad de esa función con la labor en el sector privado. De todas formas, se mostró cautelosa y señaló que esperará el proyecto antes de definir una postura.
En filas del Partido Nacional, el diputado herrerista Luis Leglise recordó que durante "todo" el año pasado su colectividad política, "incluso desde las páginas del semanario Patria", pidió "por favor" al gobierno que combata la evasión fiscal, y advirtió que la lucha anticontrabando no podría por sí sola provocar un aumento de la recaudación del Estado.
También aseguró que legisladores nacionalistas plantearon "varias veces" al ministro Bensión que emprendiera tales acciones.
Por su parte, el senador de Alianza Nacional Jorge Larrañaga prefirió no emitir opinión al respecto antes de estudiar el proyecto, y subrayó que el Estado debe desarrollar una "revisión" de toda la política tributaria, que está basada en una mecánica "del parche".
El senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, indicó que en el programa de gobierno de su sector político se definió que "antes de cualquier modificación impositiva se debe revisar todo el sistema de recaudación del Estado", lo que se traduce en que, "muy en principio", está de acuerdo en que el gobierno reforme la estructura de la DGI.
En cuanto al Foro Batllista, el diputado Alejo Fernández Cháves se mostró partidario de reformar la DGI y dijo que advirtió "hace tiempo" la "irregularidad flagrante" que constituye la doble función de los trabajadores de la DGI que también se desempeñan en el sector privado.
CAMBIOS. El lunes pasado, el hasta entonces subsecretario del Ministerio de Economía, contador Marcelo Brasca, asumió como nuevo director de la DGI, en sustitución de Joaquín Díaz (ver nota aparte).
Durante el acto de asunción del nuevo jerarca, Bensión anunció que habrá reformas en el organismo de contralor. "El gobierno va a cumplir con su deber que es, justamente, controlar el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. En este caso, en el tema impositivo, de la misma manera y con el mismo rigor y la misma dedicación" con que lo ha llevado a cabo en materia de contrabando.
Adelantó que los funcionarios del organismo deberían respetar una "incompatibilidad total" con la actividad privada y que mejorarán sus remuneraciones a tales efectos, así como su dedicación horaria.
Cambio de planes y también de autoridades
Antes de la asunción del nuevo director Marcelo Brasca, la Dirección General Impositiva (DGI) fue objeto de controversias en virtud del enfrentamiento que protagonizaron en los medios de comunicación su anterior titular, Joaquín Díaz, y el empresario promotor de eventos Alberto "Bebo" Bianchi.
Fuentes de la Presidencia de la República dijeron a El País que el gobierno no vio con buenos ojos cómo el anterior jerarca de la DGI cobraba un alto perfil ante los medios de comunicación en momentos en que se constataba una polémica situación.
Aunque hasta el momento no trascendió el motivo de su decisión --pero aseguró que nada tuvo que ver su enfrentamiento con Bianchi-- Díaz presentó en enero su renuncia ante el ministro de Economía Alberto Bensión. Como es de uso, toda la cúpula directriz de la DGI se sumó a la determinación.
Antes, una serie de episodios pusieron a Bianchi y a Díaz en el centro de una polémica. En octubre de 1998, la DGI presentó una denuncia penal contra Bianchi y contra su hermana, funcionaria del organismo.
En setiembre de 1999, el juez Penal Homero Da Costo procesó a Bianchi por el delito de defraudación tributaria y apropiación indebida, y a su hermana por conjunción del interés privado con el público.
En febrero de 2000, Bianchi recuperó su libertad y presentó denuncias ante el Ministerio de Economía contra el entonces director Díaz. El Ministerio pasó todos los antecedentes a la Justicia Penal.
En octubre, el juez José Balcaldi procesó con prisión a Bianchi por el delito de "defraudación tributaria" por un monto aproximado a los U$S 8 millones. La denuncia que motivó la acción judicial había sido presentada por Díaz.
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