EL INTENDENTE COMUNISTA DE MONTEVIDEO ARANA CONVOCADO POR ASUNTO GRAVE.
DIPUTADOS | Pais reclamó que concurra el intendente Arana; los ediles colorados y blancos denuncian falta de información
Convocan a IMM por la relación con Tacurú
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados citará a la Intendencia de Montevideo para que explique su posición sobre las donaciones modales a las organizaciones no gubernamentales, y algunos de sus integrantes esperan que la delegación municipal sea encabezada por el intendente Mariano Arana.
La comisión analizó ayer el recurso presentado por los ediles del Partido Colorado y el Partido Nacional, observando el convenio que la Intendencia tiene con la institución Tacurú que mediante el mecanismo de donación modal otorga recursos para desarrollar políticas sociales.
Según indicaron a El País participantes de la reunión, los diputados colorados Mario Linzo, Cesar García, Alberto Sánchez, Cristina Ferro y Danilo Albertoni y los blancos Martín Fernández y Marcelo Maute, coincidieron en señalar los problemas de acceso a la información que tienen, respecto a las decisiones que toma la comuna en este y otros temas.
Aunque no hubo una polémica abierta, la postura expresada por los ediles colorados y blancos fue contrapuesta por la diputada del Encuentro Progresista, Margarita Percovich, quien manifestó su extrañeza por lo que planteaban los diputados, recordando que cuando ella era edila --en el período anterior--, tenía información fluida de las decisiones del gobierno departamental.
En la reunión el edil García reiteró que la forma de relacionamiento entre la intendencia y Tacurú es "ilegal" y puntualizó que "la intendencia maneja fondos de manera irregular".
Asimismo, el diputado Luis Alberto Lacalle (hijo) planteó una pregunta sobre si no se podía considerar muy elevado el monto del beneficio, y la forma de utilización del dinero, a lo que el edil Fernández respondió que no se tenía información al respecto. Según datos que circulan en la comisión, se calcula que a cada uno de los jóvenes incluidos en el programa les debería corresponder un ingreso de U$S 1.300 mensuales.
Por otra parte, el diputado Pais, que semanas atrás había cuestionado el convenio y había imputado a la Intendencia de hacer "una utilización político-ideológica", hizo énfasis esta vez en la ilegalidad del procedimiento, recordando que el mismo ha sido observado por el Tribunal de Cuentas. El diputado de la lista 15, Jorge Barrera, dijo a El País que ese sector del Partido Colorado "respalda el recurso presentado por los ediles, por cuanto se entiende que se han violado las normas de contratación que regulan actividad de la intendencia, así como por la forma poco transparente con que se gastan los recursos de los montevideanos a través de formas jurídicas inapropiadas".
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