MAGISTRADOS DISCREPAN EN CASO BROU.
FISCAL CREE QUE HUBO CONJUNCION DEL INTERES PERSONAL Y PUBLICO
Caso BROU: magistrados discrepan
Fiscal Enrique Moller
El fiscal Enrique Moller recusó esta semana una negativa de la jueza Aída Vera para procesar a un ex jerarca del Banco República (BROU) por el delito de conjunción del interés público con el privado, y amplió su pedido de procesamiento a otros tres funcionarios que se desempeñan en cargos gerenciales, dijeron a El País fuentes judiciales.
El tema pasará a la órbita del Tribunal de Apelaciones que será el que dictaminará sobre el caso en cuestión.
En su momento, el fiscal entendió que el exjerarca habría cometido el delito de conjunción del interés personal y el público, al otorgar sobregiros por más de 4,5 millones de dólares a una empresa argentina de cuyo principal accionista era asesor.
De la investigación surgió además que el principal accionista de la firma argentina Fruticor era titular de Urquai S.A., una empresa uruguaya que el ex jerarca del BROU asesoraba por 1.800 dólares mensuales.
La operación administrativa que causó pérdidas al banco oficial, tuvo lugar hace dos años, cuando el entonces jerarca autorizó el préstamo a través de la sucursal del BROU en Buenos Aires. Apoyado por informes favorables del gerente de esa sucursal, el ex funcionario desconoció el límite de 1,3 millones de dólares aconsejado por los técnicos del BROU en octubre de 1997.
Junto al ex sub gerente fueron indagados otros cinco jerarcas, denunciados por el directorio del BROU, cuya responsabilidad en ésta y otras operaciones no fue comprobada.
La jueza Vera no hizo lugar al pedido de procesamiento, por lo que el fiscal recurrió esa resolución, que pasará al Tribunal de Apelaciones.
Asimismo, el fiscal amplió el pedido de procesamiento a otros tres funcionarios de la institución vinculados a la operación bancaria.
De ser procesado el ex jerarca deberá pagar una multa de entre 20 y 500 Unidades Reajustables, de acuerdo al artículo 161 del Código Penal. Después de 1998 la ley Anticorrupción condena ese delito con la pena de entre seis meses de prisión y los tres años de penitenciaría.
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