REBAJAS TRIBUTARIAS EN EL AGRO.
REBAJA | La tercera ley de urgencia propondrá eliminar de forma permanente los tributos patronales en ambos sectores productivos
Cero aporte en agro e industria
El gobierno se propone "redistribuir" los impuestos y de esa forma incentivar con "urgencia" la creación de empleos.
TRABAJO. El gobierno busca impulsar la generación de empleo, cuando la desocupación registra altos niveles
El gobierno eliminará "a cero" y de forma definitiva los aportes patronales en los sectores industrial y agropecuario por intermedio de la tercera ley de urgencia, la cual determinará una "redistribución" de ingresos estatales que no implicará aumentos de la carga impositiva ni pérdidas para el Banco de Previsión Social (BPS), anunció a El País el senador Alejandro Atchugarry.
Mientras el gobierno prepara el nuevo proyecto de urgente consideración que será remitido al Poder Legislativo en las próximas semanas, el senador de la Lista 15 informó que el Poder Ejecutivo iniciará próximamente los contactos con líderes políticos a efectos de analizar esa iniciativa.
Las nuevas normas, que el gobierno considera una continuación de las disposiciones de fomento del empleo que incluyó la segunda ley de urgencia ya aprobada por el Parlamento, estarán inspiradas en una serie de lineamientos instrumentados por Brasil, explicó Atchugarry.
En ese país, "lo que se hizo fue bajar fuertemente el impuesto al trabajo, o sea, el aporte patronal, distribuyéndolo en la tasa que se cobra a los productos que se importan, entre ellos los uruguayos", señaló.
En ese sentido, apuntó que "la idea es tomar en consideración esa situación para ver si es posible llevar a cero y de forma permanente el aporte patronal del agro y de la industria".
"La idea es que el aporte patronal es un impuesto que grava nuestra mayor necesidad que es darle empleo a la gente. La mayor prioridad del gobierno en este momento es que la gente pueda tener un trabajo digno", argumentó Atchugarry.
Por ese motivo, el objetivo del gobierno con el nuevo proyecto de ley será "una transformación tributaria, sin que el Estado cobre un centavo más de lo que cobra ahora, pero que distribuya el peso tributario parejo entre lo nacional e importado con el resultado de bajar los impuestos a lo nacional, ahí donde se usa mano de obra nacional".
Además de la eliminación de aportes patronales en los sectores industrial y agropecuario, el Poder Ejecutivo estudiará la posibilidad de extender esas rebajas a las actividades comercial y de transporte, subrayó Atchugarry.
También aseguró que "el BPS no perdería un centavo" y que el gobierno "ni gana ni pierde dinero en rentas generales", mientras que se cumplirá el objetivo de mejora de la competitividad de las empresas uruguayas frente a las extranjeras y asimismo se fomentará el empleo.
Atchugarry consideró incluso que esas medidas podrían "consolidar o alcanzar niveles de recuperación de la economía superiores al 2% que está proyectado para este año", así como "bajar la desocupación".
En una entrevista que periodistas de la agencia Associated Press (AP) le realizaron en enero el presidente Jorge Batlle adelantó la intención del gobierno de promover una rebaja "sustancial" de aportes patronales en el agro y la industria por intermedio de la tercera ley de urgencia, que también incluirá la reforma de la Dirección General Impositiva (DGI) y la desregulación del servicio de los seguros de accidentes de trabajo, cuyo monopolio ostenta actualmente el Banco de Seguros del Estado.
EMPLEO. La segunda ley de urgencia ya incluyó una serie de medidas detalladas en su primer capítulo, destinadas a estimular el empleo. "En el marco de austeridad fiscal que articula el presupuesto quinquenal es posible avanzar en la aplicación de políticas de disminución de la presión tributaria sobre la utilización de mano de obra nacional", explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje correspondiente al proyecto que envió meses atrás al Parlamento.
En esa iniciativa legislativa se establecieron artículos por los cuales se otorgarán beneficios fiscales "de carácter temporal" a las empresas que contraten nuevos empleados o que reincorporen trabajadores que se encuentren en seguro de paro. Tales disposiciones entrarán en vigencia a partir de los próximos días.
Paralelamente, en esa segunda norma se extendió durante todo 2001 el plazo de vigencia de rebajas tributarias para el sector agropecuario que habían sido establecidas en la primera ley de urgente consideración.
También se dispuso para todo 2001 "la reducción en un 100% de la tasa de aporte patronal previsional jubilatorio para los propietarios de obras privadas", lo que comprende a "la totalidad de dependientes afectados en forma directa a las tareas de construcción en obras que sean iniciadas o reactivadas a partir de la vigencia del presente proyecto de ley y superen los 1.000 metros cuadrados edificados o su equivalente en construcciones civiles o viales".
En el tercer proyecto de urgencia, explicó Atchugarry, el objetivo es determinar la permanencia de esos beneficios impositivos.
Gremiales apoyan iniciativa
El proyecto gubernamental para eliminar totalmente y de forma permanente los aportes patronales fue recibido con beneplácito por las gremiales empresariales vinculadas a los sectores beneficiados --industria y agro--, las cuales desde hace varios años efectúan insistentes reclamos ante los gobiernos de turno con el objetivo de reducir la carga impositiva que grava sus actividades.
Empero, mientras los productores agropecuarios se mostraron esperanzados en los resultados que tal determinación generará, los industriales exhibieron cautela y prefirieron no emitir opiniones definitivas hasta conocer el contenido de la iniciativa.
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Diego Balestra, dijo a El País que "en principio" está de acuerdo, ya "es un viejo reclamo de la cámara que se derogara el 6,5% de aporte patronal sobre los salarios de los trabajadores".
"Entendemos decididamente que (el aporte patronal) es un impuesto al trabajo; queremos analizar bien qué es lo que va a salir y también qué es lo que va a ser gravado", advirtió el dirigente, quien acaba de ser electo por segunda vez al frente de la gremial empresarial.
Balestra añadió que los aportes patronales que vierte el sector industrial al Estado constituyen aproximadamente U$S 18 millones.
"La ley de presupuesto aprobada en el segundo gobierno de (Julio) Sanguinetti ya preveía la posibilidad de que fuera derogado el aporte, le daba la facultad al Poder Ejecutivo para derogarlo, pero en todo este período no se derogó, aunque nosotros lo estuvimos pidiendo constantemente", recordó.
AGROPECUARIO. Mientras tanto, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Ricardo Prado, consideró que en la actual situación del agro la supresión del aporte patronal para el sector es bienvenida y enfatizó que a muchos productores se les pide que cuenten con un certificado que demuestre que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con el Banco de Previsión Social (BPS).
"Si un productor no está al día con la Dirección General Impositiva (DGI) ni con el BPS ni siquiera lo atienden. Se da la paradoja de que para reperfilar deudas se piden estos certificados. Creemos que la eliminación de aportes va en la línea de la promesa del presidente Jorge Batlle de bajar los impuestos y aportes del agro", señaló Prado a El País.
"Me parece que se está haciendo el razonamiento de que si la forestación recibió incentivos y contribuye tanto al Producto Bruto, lo mismo pueden hacer otros sectores. Además, es insensato e injusto cargar a la agropecuaria luego de los efectos negativos de la caída en los precios de los commodities, las consecuencias de la aftosa y la sequía de comienzos de 1999", subrayó el dirigente.
"En el sector agropecuario nadie se salva de aportar. No hay informalismo pese a que hay dificultad para pagar", concluyó.
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