LINDO ARTICULO PARA LEER Y PENSAR.
Qué frena la ocupación?
En su reciente visita a Uruguay, el premio Nobel de economía profesor G. Becker sugirió que se cambiara la legislación en materia de seguridad social para permitir que aquellos que hayan cumplido los requisitos para jubilarse, pudieran si así lo desearan continuar trabajando y a la vez gozando de la jubilación.
La reacción inmediata de muchos de los que se encontraban presentes fue decir que este cambio aumentaría el desempleo. Agregar los jubilados a la masa laboral incrementaría la oferta de trabajo y como no existirían nuevas oportunidades terminaría aumentando el desempleo.
Con extrema sencillez, el profesor nos sugería cómo todos íbamos a estar mejor. Las personas de edad serían útiles para tareas específicas, quizás no dedicadas a tiempo completo, y que bastaba que el mercado de trabajo fuera flexible para absorberlos.
Detrás de esta simple reflexión existe una idea muy acabada de cómo debería funcionar un mercado de trabajo, donde la demanda está determinada por las decisiones de dar empleo por parte de las empresas y la oferta por la elección libre que hacen los trabajadores de aceptar un trabajo a salario determinado. En este mercado, si las empresas invierten habrá más demanda de trabajo y presionarán al alza los salarios. Para igual tipo de calificación los salarios entre sectores tenderán a equipararse. Un mayor salario en un sector atraerá trabajadores de otros sectores hasta que las diferencias de remuneración desaparezcan.
Si los salarios son flexibles, o sea se ajustan a los movimientos de la demanda y de la oferta de trabajo, la tasa de desempleo será relativamente menor.
Analizando la evolución de la tasa de desempleo y de los salarios reales en nuestro país en los quince últimos años se pueden realizar las siguientes observaciones: primero, la tasa de desempleo del período no fue inferior a 7.8%; segundo, los ajustes a shocks externos se absorbieron a través de variaciones en la tasa de desempleo en comparación con los salarios reales; tercero, los salarios reales del sector público mantuvieron una evolución contraria a lo que el mercado indicaría.
Aplicando el análisis anterior diríamos que los ajustes en el mercado de trabajo durante este período se realizaron por cantidades más que por precios, mostrando poca flexibilidad, en particular a partir de 1998. Por otra parte, la política salarial del gobierno fue independiente a la evolución de la economía. En los últimos años, donde el aumento en el desempleo fue notorio, los salarios reales del sector público crecieron --a excepción del año 2000--.
El concepto de flexibilidad tiene asociado la idea de un costo a cambiar. Cuanto menor es el costo el mercado es más flexible. El contrato laboral determina una serie de obligaciones y derechos al trabajador y al empleador en muchos casos regulados por ley que imponen costos que alguien tiene que asumir. Lo primero que tenemos que entender es que no necesariamente aquel al que la ley determine la responsabilidad, es aquel que a la larga termina asumiendo el costo de la regulación.
La reflexión inmediata que surge de las observaciones anteriores es si la flexibilidad laboral a la que hacía referencia el profesor G. Becker, no podría absorber una parte sustancial de la tasa del 14,5% de desempleo existente. Aún cuando parte del aumento reciente en la tasa de desempleo obedece a factores temporales asociados a la coyuntura externa, llevamos más de una década con tasas de desempleo promedio del 10%. Por lo tanto, existen otros factores que mantienen la tasa de desempleo elevada. Algunos serán de tipo estructural, asociados al ajuste que realizaron algunas empresas luego de la integración al Mercosur, y otros asociados a factores que afectan el empleo.
Existen por lo menos tres grandes categorías de factores que inciden sobre el empleo: los impuestos, la regulación y el Estado como empleador.
Los impuestos como explicación del desempleo
Un impuesto al trabajo genera una brecha entre lo que paga el productor y lo que recibe el productor. La consecuencia de un impuesto es reducir la cantidad de empleo y la incidencia del mismo estará asociada a la capacidad del empleador y el trabajador de eludir este impuesto. El empleador en algunos casos podrá eludir el impuesto sustituyendo trabajo por capital, en otros retirándose del negocio e invirtiendo en otros países donde los impuestos sean menores, o simplemente evadiendo el impuesto desde la actividad informal. El trabajador sólo podrá eludir el impuesto emigrando, o evadirlo desde la actividad informal.
En general todos los impuestos afectan directa o indirectamente el empleo. Un impuesto al consumo a un sector reduce la cantidad producida y por lo tanto se traslada indirectamente al mercado de trabajo incidiendo en la demanda que hacen las empresas por este recurso. Un impuesto al capital afecta el nivel de inversión y por lo tanto también indirectamente afecta el empleo. Pero también existen impuestos que recaen directamente en el mercado de trabajo y como consecuencia su impacto es mayor.
En nuestro país por concepto de impuestos directos --IRP, aportes patronales a la seguridad social, y DISSE--, la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador es por lo menos del 25%. Aunque por concepto de salud existan ciertas contraprestaciones, no estamos incluyendo el extra-costo por concepto de seguro de accidentes de trabajo u otros servicios monopolizados por el Estado. Sentirnos apenados de la juventud que emigra sin plantearnos reducir esta carga impositiva que redundaría en un aumento en el empleo y en el salario real, parece por lo menos contradictorio.
La regulación y sus efectos sobre el empleo
Lamentablemente para los trabajadores, aquellos que legislan sobre asunto laborales no entienden cómo funciona un mercado de trabajo. Por ejemplo, no existe discusión a nivel académico que la legislación en materia de salario mínimo termina dejando sin empleo a aquellas personas de menor capacitación, que por lo general son las más necesitadas. La legislación en materia de despido; el seguro de desempleo como se encuentra diseñado; la persistencia de negociaciones colectivas como en el transporte y la salud; los ajustes mínimos fijados por decreto al sector rural; la regulación de la jornada laboral; las indemnizaciones especiales por enfermedad y accidentes de trabajo, son algunos de los ejemplos de regulaciones que pretenden beneficiar a los trabajadores y a la larga benefician a unos pocos en perjuicio de muchos. Toda legislación que implique quitarle flexibilidad a las empresas en su contratación termina siendo un costo para las mismas. En la práctica, este costo es trasladado por lo menos en forma parcial al trabajador, incidiendo en definitiva sobre el empleo y la remuneración. Exige por lo tanto una revisión por parte del gobierno de muchas de estas regulaciones para reducir donde sea necesario el costo de contratación.
El sector público como empleador
El seguro de desempleo como se encuentra diseñado en nuestro país, es un incentivo perverso para aumentar el desempleo. Aunque su incidencia a nivel empírico no sea tan notoria como en Europa por los beneficios que otorga, fomenta su uso y por lo tanto aumenta el desempleo. Un atributo distintivo del trabajo en el sector público es la inamovilidad. La inamovilidad, que es en definitiva un seguro de empleo, debería llevar a que el salario en el sector público por hora debería ser notoriamente inferior. En los hechos esto no es así. El sector público compite por recursos con el sector privado y por lo tanto fija estándares y establece salarios de referencia donde muchos trabajadores quisieran emplearse. Pero si el valor que generan esos recursos no se corresponde con el costo termina reduciendo la oferta al sector privado con sus consecuencias sobre el empleo.
Reflexiones finales
Una manera segura de proteger a los trabajadores es capacitarlos. La capacitación es lo que les amplía las posibilidades de empleo y lo que redunda en mejores salarios. Darle educación y salud a la población mejora la distribución del ingreso en el largo plazo. Pero para que sea eficaz y podamos reducir la carga impositiva al sector privado es necesario dirigirla a aquellos sectores más necesitados.
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