FLORIDA, SE PASA EL CASO A LA JUSTICIA.
MUNICIPIO | Polémica en torno a retención de haberes de municipales
Justicia estudiará planteo de la Junta
Tras un intenso debate en la Junta de Florida se resolvió derivar el caso a los órganos judiciales competentes.
FLORIDA | MARIO COLISTA
Como se esperaba en lo previo, la Junta Departamental de Florida, en larga sesión, resolvió en la jornada elevar a la Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Senado de la República los antecedentes referidos a las retenciones realizadas en sus salarios a los funcionarios municipales de Florida en el gobierno departamental anterior de los ex intendentes colorados Juan Justo Amaro y el Dr. Orlando Canzani y no vertidos a sus acreedores, especialmente al Banco de la República por los préstamos que otorga a través de la Caja Nacional.
OBSERVACIONES. El Tribunal de Cuentas había observado en uno de sus informes esta medida administrativa, e incluso había sugerido que se elevaran a la Justicia competente estos antecedentes. La Junta Departamental de Florida trató el asunto en el entorno de una Comisión Investigadora que elaboró dos informes: uno en mayoría y otro en minoría.
En la madrugada de hoy los 21 ediles pertenecientes al Partido Nacional y al Frente Amplio votaron afirmativamente la sugerencia del informe en mayoría y los antecedentes fueron finalmente elevados.
Otras dos mociones fueron aprobadas en la maratónica asamblea. En una de ellas se resolvió pasar la versión taquigráfica de la sesión al directorio del Partido Nacional y en la otra se solicita al Tribunal de Cuentas emita un dictamen sobre la conducta asumida por el actual intendente nacionalista Andrés Arocena desde el 13 de julio del 2000 en adelante con relación a las retenciones realizadas y no vertidas a la Caja Nacional en el marco de las negociaciones con el Banco de la República.
POLEMICA. El edil informante por la mayoría destacó, entre otros aspectos, que si bien no hubo una expresa decisión de no pagar al Banco de la República por el gobierno anterior, el autorizar otros pagos establecía una negativa a cumplir con las retenciones y verterlas, citando como ejemplo los aportes al BPS que sí se abonaban constituyendo esta actitud una opción de pago.
Por su parte el edil informante en minoría defendió la actitud del gobierno anterior, expresando que no hubo retenciones no vertidas, sino que lo que no hubo fue disponibilidades de recursos, dado que el escaso dinero que había en caja solo alcanzaba para pagar los sueldos de los funcionarios.
El diferendo quedó ahora en manos de los organismos judiciales competentes, los que en los plazos legales estipulados deberán pronunciarse a través de un fallo en uno u otro sentido.
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